Con caracter de suma urgencia y a ser discutido el 17 de Marzo entrará al congreso el proyecto de ley sobre propiedad intelectual. La razón por la cual se piensa en legislar sobre éste asunto radica en que el tratado de libre comercio con EEUU lo exige, y el plazo para hacerlo era enero del 2008. Es decir, no sale de una iniciativa del gobierno, ni de algúin parlamentario y menos de la sociedad civil - bueno, si alguién conoce de algún proyecto que la sociedad civil pueda poner en discusión...-. Para peor, "La ministra ha sido insistente en señalar que no fue posible abrir una discusión con la sociedad civil y el sector privado", explica por otro lado Santiago Schuster, director general de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor (SCD). "Si hubiéramos participado, es probable que nuestra colaboración habría sido útil para el proyecto", explica Schuster.
Ojo: No fue posible! dice la ministra, como si de un esfuerzo sobrehumano se tratase, seguramente consideran que la sociedad civil está incapacitada para estas discusiones de alto vuelo, plop!. O sea nuevamente el que vende, el que ofrece, tiene prioridad sobre el que consume, el que elige, y si señor, el que paga. ¿Y donde está el gobierno ciudadano ah! ?.
En esa misma línea insiste Eduardo Carrasco, renunciado asesor del Consejo de Fomento de la Música y miembro de Quilapayún: "Los asesores de los ministerios de Educación, Cultura, Economía, Relaciones Exteriores y Justicia iniciaron un trabajo sin consulta a los afectados ni a ningún sector de la ciudadanía, cuyo texto vinimos a conocer sólo cuando fue firmado por la Presidenta y enviado al Congreso. Todo se hizo a espaldas del Consejo Nacional de la Cultura, lo mismo que con el Consejo de Fomento de la Música".
Karina Ruiz, abogada de IFPI Chile (Federación Internacional de la Industria Fonográfica), plantea que los argumentos fueron reciclados por los asesores del Consejo. "No teníamos idea del contenido hasta que apareció. Dimos nuestras opiniones respecto del proyecto para la Ley Antipiratería, que tenía pocos artículos y que se refería sólo a la piratería, pero nos llegaron con la sorpresa que empezaron a regular excepciones y limitaciones de responsabilidad de los proveedores de servicio de internet", explica la abogada.
Nicolas Sarkozy y la ex modelo, más tarde artista, Carla Bruni, pololean y contraen nupcias. Y podría ser un dato rosa más: el Presidente francés cruzó miradas por primera vez con la Bruni en noviembre de 2007, justo durante la firma del acuerdo contra las descargas en Francia. "La ley Sarkozy" ya es un ejemplo para Europa: es una puerta para que los dueños de los derechos los sellos, en este caso puedan ir donde tu proveedor de internet y pedirle que retiren ese disco que ofreces gratis en tu blog, o incluso corten la conexión al fanático de las descargas. Eso se conoce como notificación administrativa, donde no hay necesidad de orden judicial, como ocurre en Chile.
Ese modelo con modificaciones es el que las discográficas, agrupadas en IFPI, quisieron subir al proyecto. "Una legislación siempre se hace comparando con otras. Está el modelo europeo y el norteamericano, pero el europeo nos permite cumplir con los tratados de libre comercio con los que el país se ha comprometido", comenta Paulina Urrutia.
"Queremos la cooperación de los proveedores de internet [los ISP, por sus siglas en inglés] en el caso que detectemos infracciones a la Ley de Propiedad Intelectual, que se les pueda notificar de manera administrativa, y que retiren inmediatamente esos contenidos. Y si no hacen nada, que puedan ser responsabilizados", describe IFPI a través de su abogada. Y esto es un cambio drástico en cómo funciona internet en Chile: serían las compañías Telefónica, VTR, por decir algunas las que deberían ser responsables por los contenidos ilícitos y debería eliminar el contenido que acusan los autores. Algo que las empresas de telecomunicaciones están lejos de aceptar: "El punto de partida en el proyecto debe ser la ausencia de responsabilidad de los prestadores de internet en el ordenamiento jurídico nacional", argumenta Rodrigo Tajba, presidente de la Asociación de Proveedores de Internet (API).
Ese modelo con modificaciones es el que las discográficas, agrupadas en IFPI, quisieron subir al proyecto. "Una legislación siempre se hace comparando con otras. Está el modelo europeo y el norteamericano, pero el europeo nos permite cumplir con los tratados de libre comercio con los que el país se ha comprometido", comenta Paulina Urrutia.
"Queremos la cooperación de los proveedores de internet [los ISP, por sus siglas en inglés] en el caso que detectemos infracciones a la Ley de Propiedad Intelectual, que se les pueda notificar de manera administrativa, y que retiren inmediatamente esos contenidos. Y si no hacen nada, que puedan ser responsabilizados", describe IFPI a través de su abogada. Y esto es un cambio drástico en cómo funciona internet en Chile: serían las compañías Telefónica, VTR, por decir algunas las que deberían ser responsables por los contenidos ilícitos y debería eliminar el contenido que acusan los autores. Algo que las empresas de telecomunicaciones están lejos de aceptar: "El punto de partida en el proyecto debe ser la ausencia de responsabilidad de los prestadores de internet en el ordenamiento jurídico nacional", argumenta Rodrigo Tajba, presidente de la Asociación de Proveedores de Internet (API).
Es decir, los ISP tendrían la facultad, bajo esta ley de prohibir cualquier contenido que ello socnsideren ilicito. Pensemos un poco en la realidad de nuestra justicia, por ejemplo, yo denuncio a través de este blog un mal servicio de mi ISP, y ello me pueden cortar el blog por que tengo de fondo un mp3 de alguna banda..., quien restringe lo que se prohíbe o no. "La misma ley" dirá un funcionario del ministerio o un superdotado congresista. Ante esa respuesta lo único que se me genera es más temor dada la incapacidad de nuestros representantes. Por otro lado me gustaría saber cual es la opinión de aquellos que han fustigado a países como China o Cuba acerca de las restricciones al acceso a Internet.
